La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente este 2 de junio de 2026 que el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, limite sus declaraciones al ámbito de la cooperación bilateral. El exhorto surge tras un mensaje difundido por el diplomático el 1 de junio, en el cual instó a no politizar el combate al crimen organizado.
La mandataria federal fundamentó su postura en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citando los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Según la jefa del Ejecutivo, el ejercicio diplomático exige que los representantes extranjeros se mantengan ajenos a los procesos políticos internos de las naciones receptoras.
A pesar de la fricción diplomática, Sheinbaum reiteró la disposición de su administración para colaborar en seguridad fronteriza. La propuesta gubernamental se basa en una estrategia de acción coordinada donde cada país asuma la responsabilidad operativa dentro de su respectivo territorio y jurisdicción soberana.
El intercambio diplomático tiene como antecedente el informe rendido por la presidenta el pasado 31 de mayo en el Monumento a la Revolución, con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral. En dicho acto, la mandataria denunció una supuesta campaña mediática y digital proveniente de sectores estadounidenses contra la administración federal.
El embajador Johnson respondió en redes sociales que la seguridad es un desafío compartido. El diplomático enfatizó que los ciudadanos en ambos lados de la frontera exigen entornos libres de intimidación, corrupción y violencia, advirtiendo que el uso político de estos temas debilita la eficacia de la colaboración binacional.
Las estadísticas de seguridad regional, según datos del Gabinete de Seguridad, muestran que la coordinación en inteligencia es vital para contener el flujo de ilícitos. Sin embargo, las discrepancias sobre la narrativa política del fenómeno delictivo han marcado un punto de tensión en la agenda bilateral durante esta semana.
El Gobierno de México mantiene su postura de priorizar la soberanía en la toma de decisiones internas. Por su parte, la representación estadounidense sostiene que los problemas de seguridad son transfronterizos y requieren una comunicación fluida y exenta de confrontaciones políticas que desvíen el objetivo de protección ciudadana.