Comité de Transparencia confronta a la SCJN por opacidad en arrendamiento vehicular.
Un choque interno de directrices en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado al descubierto las contradicciones entre la Dirección General de Recursos Materiales y el Comité de Transparencia de la misma institución. Mientras el área operativa intentó suprimir los datos de su flotilla de 151 automóviles alegando protección a funcionarios, las resoluciones pro-transparencia y las auditorías internas confirmaron una red de pagos anómalos dentro de un contrato que supera los 73 millones de pesos.
La fricción institucional comenzó con el ingreso de la solicitud ciudadana en la Plataforma Nacional de Transparencia el 23 de enero. La respuesta de primera instancia, emanada de las áreas de gestión administrativa, selló los expedientes bajo llave por un lustro. La directriz establecía que transparentar los modelos y costos equivalía a vulnerar los esquemas de seguridad del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal.
El cerrojo informativo fue desestimado desde el interior de la propia Corte. El Comité de Transparencia emitió una orden directa exigiendo a la Dirección General de Recursos Materiales ampliar la información en un plazo perentorio de cinco días hábiles. El mandato obligó a las áreas operativas a documentar, el 24 de marzo, que el Órgano de Administración Judicial sostiene una flota híbrida de 60 autos propios y 91 rentados.
Pese al mandato del Comité, la dependencia administrativa mantuvo una reserva tácita al no informar el costo de la flota arrendada. Esta omisión generó una discrepancia inmediata al contrastarse con los registros del sistema de contrataciones del Estado, donde reposa el expediente de la Licitación Pública Nacional LPN/SCJN/DGRM/011/2021, un documento que detalla públicamente las obligaciones y alcances del servicio por los próximos 47 meses.
Las cláusulas conjuntas entre la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal en dicha licitación exponen el nivel de equipamiento y los límites del gasto. Los anexos obligan al proveedor a garantizar seguros de cobertura amplia, refacciones ilimitadas y sistemas de telemetría, estipulando en actas posteriores un techo presupuestal de 73,366,862 pesos antes de impuestos.
La tercera voz en este entramado institucional surge de los órganos de fiscalización. Un reporte de seguimiento de auditoría interna de la propia Corte contradice la supuesta eficiencia del contrato millonario al documentar severas fallas en la supervisión por parte de la Dirección de Recursos Materiales. Los auditores registraron 170 discrepancias de cobro asociadas a convenios modificatorios.
El dictamen de los auditores es concluyente en cuanto a la responsabilidad administrativa. Señala que el área encargada autorizó el pago de 405,705.84 pesos por días en que los funcionarios no dispusieron de sus vehículos y omitió aplicar las multas contractuales por 10 unidades que jamás fueron entregadas, revelando una desconexión total entre los términos del contrato, la supervisión operativa y los dictámenes de transparencia institucional.