Falla regulatoria en Pemex: quema de gas daña comunidades en Tabasco
La quema sistemática de 194 mil millones de pies cúbicos de gas natural anuales por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) expone una fractura profunda en los mecanismos de auditoría y control ambiental del Estado mexicano. El informe de la organización Cartocrítica, que vincula esta práctica con daños a la salud en Tabasco, documenta cómo la paraestatal opera con márgenes de combustión que violan los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
El volumen de gas desperdiciado no solo representa un riesgo sanitario para las poblaciones locales, sino una pérdida patrimonial multimillonaria para la hacienda pública. El gas quemado en la atmósfera es un recurso energético que, por ley, Pemex está obligado a capturar, procesar y comercializar, o en su defecto, reinyectar en los yacimientos para mantener la presión de los pozos de extracción.
La persistencia de esta práctica coloca bajo escrutinio la labor de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), el órgano desconcentrado responsable de regular y supervisar las instalaciones del sector hidrocarburos. La falta de sanciones proporcionales al volumen de 194 mil millones de pies cúbicos quemados indica un déficit en la aplicación de la normatividad ambiental, permitiendo que la paraestatal externalice sus costos de operación.
Los hallazgos de Cartocrítica operan como una auditoría externa independiente que contrasta con los reportes de sustentabilidad corporativa de la petrolera. Mientras Pemex reporta inversiones en infraestructura para el aprovechamiento del gas, las imágenes satelitales y los medidores de calidad del aire en Tabasco confirman que los mecheros mantienen una actividad ininterrumpida, liberando toxinas sin los filtros adecuados.
El marco legal mexicano establece límites estrictos para la quema y venteo de gas asociado a la producción de petróleo. Sin embargo, las exenciones y permisos especiales otorgados bajo el argumento de «emergencia operativa» o «mantenimiento» se han convertido en una práctica administrativa recurrente que legaliza, de facto, la emisión continua de gases nocivos sobre territorio tabasqueño.
Esta omisión regulatoria transfiere una carga financiera oculta al sistema de salud pública. Los tratamientos para las afecciones respiratorias crónicas y dermatológicas derivadas de la exposición a la lluvia ácida y los metales pesados son absorbidos por los presupuestos estatales y federales de salud, subsidiando indirectamente las externalidades negativas de la producción petrolera.
La consolidación de México como el noveno país que más gas quema a nivel global exige una revisión inmediata de los protocolos de fiscalización de la ASEA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La impunidad operativa frente a un daño documentado subraya la asimetría entre la política de producción acelerada de hidrocarburos y la protección legal de los derechos sanitarios de los ciudadanos.