La organización de la Feria de la Barbacoa 2026 en Xochimilco se encuentra bajo la lupa por la falta de transparencia en la asignación de permisos de operación y los criterios de fiscalización de ingresos. Investigaciones preliminares y testimonios de productores sugieren que la asignación de los 60 puestos disponibles se realizó sin una convocatoria pública clara, favoreciendo a liderazgos gremiales con vínculos políticos locales. Esta estructura de asignación impide que nuevos emprendedores accedan a los beneficios de la derrama económica estimada en 150 millones de pesos.
El manejo de los recursos destinados a la infraestructura de la feria, como carpas, servicios de limpieza y vigilancia, carece de un desglose público detallado por parte de la alcaldía. Aunque se han asignado partidas presupuestales para la promoción del evento, los comerciantes reportan cobros «extraoficiales» por servicios básicos que deberían estar cubiertos por el pago de sus derechos de piso. Esta práctica erosiona la rentabilidad de los pequeños productores y eleva artificialmente los precios para el consumidor final.
En materia de sanidad, la supervisión de las condiciones de sacrificio y manejo de carne de borrego presenta lagunas críticas. A pesar de que las autoridades aseguran el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las inspecciones en sitio son intermitentes y, en muchos casos, se limitan a la verificación documental sin pruebas de laboratorio en los alimentos preparados. El riesgo epidemiológico inherente al manejo masivo de productos cárnicos en condiciones de intemperie no ha sido mitigado con un plan de contingencia robusto.
La relación entre las aplicaciones de delivery y el fisco local también es un punto de fricción. Mientras los negocios establecidos en zonas como la Roma y Condesa cumplen con obligaciones fiscales y de protección civil, gran parte de la oferta gastronómica temporal de la feria opera en la informalidad absoluta. Esta asimetría fiscal genera una competencia desleal que perjudica a los contribuyentes cautivos de la capital, quienes enfrentan auditorías constantes mientras el comercio masivo de eventos festivos evade el radar tributario.
La seguridad pública durante el evento ha sido cuestionada tras reportes de extorsión y «cobro de piso» por parte de grupos externos a la administración de la feria. Los productores señalan que, ante la presencia policial insuficiente, se ven obligados a realizar pagos para garantizar la integridad de sus mercancías y familias. Esta situación pone en evidencia la incapacidad de las autoridades locales para garantizar un entorno comercial seguro en uno de los eventos más rentables de la temporada.
La opacidad se extiende a los convenios publicitarios firmados con marcas de bebidas alcohólicas y refresqueras que dominan los espacios de la feria. Los contratos de exclusividad no han sido publicados, ocultando los montos reales que ingresan a las arcas de la demarcación por concepto de patrocinio. Esta falta de rendición de cuentas impide verificar si los recursos se reinvierten en la mejora de la infraestructura urbana de Xochimilco o si son desviados hacia fines no etiquetados.
Organizaciones civiles han solicitado a la Auditoría Superior de la Ciudad de México una revisión exhaustiva de los últimos tres ejercicios de la feria. La demanda principal es la creación de un padrón único de beneficiarios y un sistema de pagos digitales que elimine el manejo de efectivo por parte de funcionarios de la alcaldía. La transparencia en la economía del «taco y la barbacoa» es esencial para asegurar que la riqueza generada por la tradición no termine en las redes de corrupción institucionalizada.