CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, elevó la presión política sobre Rubén Rocha Moya al sostener que, si no revierte de inmediato su regreso a la gubernatura de Sinaloa, deben analizarse y activarse los mecanismos legales y parlamentarios previstos en el marco constitucional.
La legisladora panista afirmó que el rechazo expresado frente a la reincorporación del mandatario sinaloense coloca a la República ante una encrucijada institucional que exige respuestas dentro de la ley.
“El rechazo unánime al regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pone en una encrucijada a la República”, publicó López Rabadán en su cuenta oficial de X.
En el mismo mensaje, planteó que, si el gobernador no da marcha atrás, debe abrirse la discusión sobre la desaparición de poderes en la entidad, una medida que calificó como trascendente, pero necesaria.
Su posicionamiento se produce en medio del debate público generado por el retorno de Rocha Moya al cargo y por los llamados de actores políticos a garantizar que cualquier investigación se desarrolle sin interferencias.
La presión se traslada al Congreso
La desaparición de poderes es una figura constitucional extraordinaria. El artículo 76 de la Constitución reserva al Senado de la República la facultad de declarar, cuando se actualicen los supuestos legales, que han desaparecido los poderes constitucionales de una entidad.
El procedimiento no opera de manera automática ni depende de una sola declaración política. Requiere una solicitud, revisión jurídica, deliberación parlamentaria y el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley reglamentaria.
Hasta el momento, López Rabadán formuló un llamado político para activar los mecanismos disponibles, sin anunciar la presentación de una solicitud formal ni un calendario legislativo específico.
Gobernabilidad y rendición de cuentas
La presidenta de San Lázaro vinculó la discusión con la necesidad de proteger la gobernabilidad, la confianza pública y el funcionamiento regular de las instituciones en Sinaloa.
También subrayó que cualquier determinación debe tomarse dentro del marco normativo y con respeto a las atribuciones de cada órgano del Estado.
El mensaje coloca el tema en la agenda del Congreso y eleva el costo político de la reincorporación del gobernador, aunque corresponderá a las instancias competentes valorar si existen elementos para iniciar un procedimiento constitucional.
La discusión continuará en un escenario marcado por exigencias de transparencia, legalidad y rendición de cuentas sobre la situación política de Sinaloa.