La propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos como cigarros, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas ya encendió las alertas entre empresarios y pequeños comerciantes, particularmente por el posible efecto que una mayor carga fiscal podría tener sobre el mercado ilegal de tabaco en México.
Aunque el objetivo de las modificaciones al IEPS puede estar relacionado tanto con la recaudación como con políticas orientadas a reducir el consumo de productos considerados perjudiciales para la salud, representantes de la industria de cigarros consideran que el impacto debe analizarse desde una perspectiva más amplia. Su principal preocupación es que un aumento importante en el precio de los productos legales termine haciendo más atractiva la oferta clandestina y genere, al mismo tiempo, mayores riesgos para los establecimientos que operan en la economía formal.
La discusión se encuentra todavía en una etapa de análisis. Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, explicó que los legisladores revisarán “de manera responsable” el paquete económico que presente el Ejecutivo federal, cuya fecha límite de entrega es el próximo 8 de septiembre.
El diputado reconoció que existen propuestas que buscan contribuir tanto a los objetivos de salud como a la recaudación, pero señaló que todas tendrán que ser revisadas antes de determinar su viabilidad. “Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar”, afirmó.
En la Comisión de Hacienda ya fueron presentadas las conclusiones de cinco grupos de trabajo en los que participaron especialistas, académicos y representantes de diferentes sectores económicos. Entre las posiciones expuestas se encuentra la de la industria, que ha advertido sobre las posibles consecuencias de incrementar nuevamente los impuestos aplicados al tabaco.
Uno de los casos utilizados para explicar estos riesgos es el de Australia. De acuerdo con la información presentada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), ese país implementó una política antitabaco particularmente agresiva, con aumentos de hasta 282% en el precio de las cajetillas.
El incremento llevó algunas cajetillas a precios de hasta 50 dólares australianos, de los cuales alrededor de 30 correspondían al impuesto. La estrategia consiguió reducir el consumo durante sus primeros meses, pero posteriormente comenzó a enfrentar otro fenómeno: el crecimiento acelerado del mercado ilegal.
Según el ejemplo expuesto por los organismos empresariales, la expansión del comercio clandestino fue de tal magnitud que el Senado australiano recomendó congelar el gravamen. El mercado ilegal llegó a abastecer cerca de 80% del mercado, de acuerdo con las cifras citadas durante la discusión en México.
Para los empresarios, el caso australiano demuestra que las políticas fiscales aplicadas al tabaco necesitan considerar no solamente el efecto esperado sobre el consumo, sino también la capacidad que tiene el mercado legal para competir frente a productos que no pagan impuestos y que pueden ofrecerse a precios considerablemente menores.
La preocupación resulta especialmente relevante para México porque, según las organizaciones que participaron en el análisis, uno de cada cuatro cigarros que se consumen en el país procede actualmente del mercado ilícito. Es decir, el comercio clandestino ya representa una proporción considerable del consumo y no se trata de un fenómeno marginal.
Un aumento en el precio de los cigarros legales podría modificar todavía más esa relación. Si la diferencia entre un producto adquirido en un establecimiento formal y uno comercializado ilegalmente se vuelve más amplia, algunos consumidores podrían sentirse atraídos por las opciones más económicas, lo que incrementaría la demanda de mercancía apócrifa.
Pero detrás de este posible crecimiento del mercado negro existe otro problema que preocupa particularmente a los pequeños comerciantes: las extorsiones.
Los empresarios han señalado que grupos del crimen organizado presionan a pequeños establecimientos para obligarlos a comercializar cigarros apócrifos. Para una tienda de barrio, una miscelánea o cualquier otro negocio pequeño, esta situación representa un riesgo que trasciende las pérdidas económicas, pues implica enfrentar amenazas y presiones para introducir mercancía ilegal en sus puntos de venta.
De esta manera, los comerciantes formales podrían quedar en medio de dos mercados con condiciones muy distintas. Por un lado, deben adquirir y vender productos que cumplen con las disposiciones fiscales y comerciales, cuyos precios podrían aumentar si se eleva el IEPS. Por el otro, pueden enfrentar la presión de redes ilegales que buscan colocar productos apócrifos a precios más bajos y utilizar los establecimientos como puntos de distribución.
La advertencia de ANPEC y Canacintra, por ello, no se limita a cuestionar el incremento de un impuesto. Su preocupación central es que una política diseñada para aumentar la recaudación y desalentar el consumo pueda producir efectos no deseados si no se acompaña de medidas capaces de contener el mercado ilícito y proteger a los pequeños negocios.
El debate también pone sobre la mesa la complejidad de utilizar los impuestos como herramienta de salud pública. Elevar el precio de un producto puede disminuir su consumo cuando los consumidores permanecen dentro del mercado formal, pero el resultado puede ser diferente si existe una oferta ilegal capaz de sustituirlo. En ese escenario, una parte de la demanda no necesariamente desaparece, sino que puede trasladarse hacia productos que operan fuera de los controles fiscales y regulatorios.
En México, los empresarios consideran que este factor debe ser tomado en cuenta antes de aprobar cualquier incremento al IEPS. El hecho de que, según sus estimaciones, uno de cada cuatro cigarros consumidos ya provenga del mercado ilícito convierte al país en un escenario distinto al de otras economías donde el comercio clandestino tiene una presencia menor.
La decisión final dependerá del contenido del paquete económico que entregue el Ejecutivo federal y del análisis que realicen los legisladores. La Comisión de Hacienda tendrá que valorar las propuestas, escuchar las distintas posiciones y determinar cuáles modificaciones pueden avanzar dentro del proceso presupuestario.
Mientras tanto, la industria y los pequeños comerciantes han colocado una advertencia sobre la mesa: un aumento de impuestos al tabaco puede perseguir objetivos legítimos de salud y recaudación, pero también puede tener consecuencias económicas y de seguridad si provoca una expansión del mercado clandestino.
El reto para los legisladores será encontrar un equilibrio que permita alcanzar los objetivos fiscales y de salud sin generar incentivos adicionales para la comercialización de cigarros ilegales. En un país donde el mercado ilícito ya tiene una presencia significativa y donde los pequeños comerciantes denuncian presiones del crimen organizado, el impacto de cualquier modificación al IEPS tendrá que medirse no solamente en términos de cuánto dinero recauda el Gobierno, sino también de cuánto puede cambiar el comportamiento del mercado y qué riesgos puede trasladar a los negocios que trabajan dentro de la legalidad.