Una confrontación directa entre los distintos niveles de gobierno fue articulada por la Dra. Kenia López Rabadán, quien defendió públicamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de lo que califica como un asedio institucional.
Las declaraciones emitidas posicionan a la mandataria estatal, Campos, como un referente indispensable en el choque frontal contra las organizaciones del narcotráfico.
López Rabadán dictaminó de forma categórica que las voces críticas hacia la administración de Chihuahua se están colocando del lado de la delincuencia organizada.
La figura legislativa redirigió el foco de la rendición de cuentas hacia Sinaloa, argumentando que los funcionarios de dicho estado son los objetivos legítimos para enfrentar juicios políticos debido a sus señalamientos por vínculos con el narco.
En su posicionamiento, los opositores son catalogados abiertamente como «narco-encubridores», a quienes se acusa de intentar ocultar sus complicidades operativas.
La disputa abarca la política social del país, integrando acusaciones de que los programas de asistencia están siendo manipulados para cumplir fines electorales en detrimento de los gobiernos funcionales.
El pronunciamiento, registrado y difundido el 12 de mayo de 2026, expone la instrumentalización de los aparatos de justicia, denunciando que se persigue de manera política y judicial a quienes sostienen el combate al crimen.